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Sep 30, 2015 fenomenosocial Agüimes, Asuntos Sociales, Feminismos, Igualdad, Noticias 0
➡ GABINETE DE PRENSA|AGÜIMES|30 de Septiembre de 2015
El Ayuntamiento de Agüimes aprobó por unanimidad, en el pleno ordinario celebrado el lunes 28 de septiembre, la Declaración Institucional en la que se denuncia la inestabilidad de los equipos especializados de atención a las mujeres, hijos e hijas víctimas de la violencia de género.
En la declaración se solicita la elaboración y ejecución de un convenio plurianual 2016/2019 del Programa de Prevención y Atención Integral de las Víctimas de Violencia de Género, en el que participe el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Igualdad, y el Cabildo de Gran Canaria.
Así mismo, se solicita la elaboración y ejecución de un convenio plurianual 2016/2019 del Servicio de Prevención y Atención Integral de las Víctimas de Violencia de Género entre el Cabildo de Gran Canaria y los Ayuntamientos de la isla.
Esta declaración institucional surge de una reunión de coordinación celebrada el pasado 4 de septiembre entre la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria y las concejalas y concejales del Área de Mujer o Igualdad de las 21 Corporaciones Locales de las Isla de Gran Canaria.
Con fecha de 04 de septiembre de 2.015, a las doce de la mañana se mantuvo una reunión de coordinación entre la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria y las personas representantes de las Concejalías de Igualdad de los 21 municipios presentes.
En la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, se requiere que el objeto de esta ley según el artículo 1 de la misma establece que la violencia de género comprende todo acto de violencia física y psicológica incluidas las agresiones a la libertad sexual , las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad, así como se establece medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos/as menores y a los/as menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, victimas de esta violencia.
Las administraciones públicas tenemos el deber de articular funcionalmente el conjunto de actividades, servicios y prestaciones que, en el ámbito de la comunidad autónoma de Canarias, tienen como finalidad la prevención de las situaciones de violencia contra las mujeres, así como la asistencia, protección y reinserción de sus víctimas para garantizar su dignidad personal y pleno respeto de sus entornos familiares y sociales.
La violencia de género continúa siendo una asignatura pendiente por parte de nuestra sociedad, asignatura que habría que revisar constantemente, desde un enfoque integral y transversal, pero sobre todo desde la continuidad en el tiempo muestra de ello es la Plataforma de Acción Feminista Canaria, como un referente social en la lucha por los derechos de las mujeres. Haciendo una mirada retrospectiva, no cabe duda de los avances que se han conseguido, pero dichos avances no dejan de ser hologramas en el aire, si no hay un compromiso político y económico real, que apueste por una sociedad igualitaria. Las mujeres maltratadas por su pareja y los hijos e hijas de éstas, no son entes aislados, sino ciudadanos y ciudadanas que influyen y son influidos por una dinámica colectiva. La sociedad e instituciones públicas van a ser decisivas sus aportaciones para la evolución de los acontecimientos vitales de estas mujeres y sus hijos e hija. En el momento crucial en que una mujer contacta por primera vez para explicar su historia de maltrato, la respuesta que reciba va a determinar lo que ocurrirá después con ella y con sus hijos e hijas. En este modelo dinámico, la intervención de los Servicios Especializados es crucial. Una actuación adecuada va a permitir la salida del terror en el que las mujeres se encuentran inmersas, una actuación inadecuada aboca a mujeres, niños y niñas a una pesadilla, y al aprendizaje del sexismo.
La gran mayoría alcanza el principal objetivo previsto, mejorar su salud mental y por lo tanto su vida: terminar con las relaciones de violencia y maltrato y volver a tomar las riendas de su propia vida. No podemos olvidarnos de los y las menores que las acompañan durante éste proceso personal son capaces de reelaborar los episodios de violencia, y reestructurarlos sin que el impacto de la huella psíquica sea tan grave. Del mismo modo recuperan a la figura materna, que vuelve a ser un factor de protección y seguridad. La actuación con los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género, debería ser tenida en cuenta como el principal factor de prevención, ya que tomarán el relevo en las futuras relaciones que se gesten en nuestra sociedad.
Desde los Servicios Especializados se debe tener en cuenta la intervención familiar, porque desde el momento en que la mujer decide contar qué le está pasando, su modelo familiar y los roles que han asumido todos los/as miembros de la familia cambian, y es ahí donde es tan importante la intervención jurídica, social, educativa y psicológica, que permita un reajuste eficaz del sistema familiar, así como un respeto en los tiempos de recuperación de lo vivido. Todo esto requiere de un trabajo largo, que va despacio pero da sus frutos, porque dicho trabajo parte de la realidad personal de cada mujer, y a cada realidad le acompaña un proceso distinto. Las mujeres y sus hijos e hijas necesitan de una red de apoyo externa, que los y las acompañe durante todo su proceso, generándoles seguridad y confianza. En la actualidad esto no es lo que está pasando, las mujeres y los/as menores acuden a los Servicios Especializados, donde se las atiende con la mayor profesionalidad.
El cierre de los Servicios y la no permanencia del mismo personal lo único que genera es una vuelta atrás en el tiempo, y la sensación de volver a empezar continuamente, además de una pérdida importante de mujeres que ya no creen en el sistema que supuestamente se ha creado para protegerlas y acompañarlas. De la misma manera todos los agentes implicados en la intervención con mujeres y menores víctimas de violencia de género, no ven legitimado su trabajo, y no les permite avanzar en la elaboración de protocolos de actuación y redes de apoyo profesional, tan importantes para el verdadero desarrollo integral de la ley.
Según la Ley 16/2003, de 8 de abril de prevención y protección integral de las mujeres víctimas de la violencia de género, ya establece las siguientes medidas:
• el artículo 44 establece la delimitación de competencia, donde corresponde al Gobierno de Canarias la ordenación normativa, de los servicios, funciones y centros del Sistema Canarios Integral de Prevención de la Mujeres contra la Violencia de Género.
• el artículo 43 del principio de la distribución de funciones y competencias entre las distintas administraciones públicas canarias responde a los principios de máxima proximidad a las personas usuarias y de atención al hecho insular, garantizando la efectiva descentralización de los servicios, prestaciones y medios de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, entendiendo como máxima proximidad los Ayuntamientos.
• el artículo 34 establece el régimen económico, recoge que los centros públicos de asistencia cualquiera que fuere la Administración del que dependan, contarán con un régimen específico dotado de autonomía necesaria para la prestación de servicio público al que están destinados.
• el artículo 18 establece que las subvenciones destinadas de programas y proyectos cuya duración sea superior al ejercicio presupuestario podrán formalizarse en conciertos o convenios de colaboración con financiación plurianuales.
Según los datos facilitados por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, desde los servicios de prevención y atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género de gran canaria, se atendieron en el año 2014 un total de 3733 mujeres en situación de violencia de género, así como 645 menores en intervención profesional y 139 menores atendidos mediante orientación socioeducativa. Así en el primer semestre de este año, el dato asciende a un total de 2339 mujeres atendidas y 489 menores expuestos a la situación de violencia de género.
Así con todo, más de la mitad de las mujeres en situación de violencia de género atendidas en 2014 han sido atendidas en la primera mitad de 2015.
A lo largo de estos años han existidos convenios plurianuales en los períodos del 2004- 2007 y 2007 -2011 entre el Instituto Canario de la Mujer y el Cabildo de Gran Canaria y a su vez, el Cabildo de Gran Canaria con las instituciones y entidades públicas , como Ayuntamientos y Asociaciones sin ánimo de lucro. Con ello se consiguió dar estabilidad a los equipos multidisciplinarios y especializados así como garantizar el derecho a una asistencia inmediata y continuada a las mujeres e hijos/as en situación de violencia de género dando respuesta integral, en el ámbito social, psicológico, jurídico ,laboral y educativo.
En la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local se definen las competencias que deben desarrollar las corporaciones locales y no asumir competencias que no cuenten con la financiación adecuada.
Hasta la fecha se ha realizado un Convenio de Colaboración entre el Cabildo de Gran Canaria y el Instituto Canario de Igualdad, y a su vez, el Cabildo distribuye a través de subvenciones a Ayuntamientos y a entidades sociales.
Este convenio se hace de forma anual, teniendo que elaborar y realizar los procedimientos pertinentes de aprobación cada año. Con este tipo de convenio anual los ayuntamientos reciben la subvención en el segundo semestre del año, con lo cual, han tenido que sufragar el coste de los equipos de profesionales del programa de prevención y atención integral de las Víctimas de Violencia de Género durante el primer semestre. Se corre el riesgo que en cualquier momento no se pueda dar continuidad a los equipos por no tener un compromiso o convenio plurianuales, porque no existe un documento oficial en diciembre de cada año con la certificación de la transferencia económica de cada programa.
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